La Junta de Andalucía ha elevado a 15,3 millones de euros la cantidad que solicita que devuelva UGT-A dentro de los procedimientos de revisión de las subvenciones al sindicato, iniciados y tramitados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por presuntas irregularidades y falta de justificación en dichas ayudas.
La Consejería ha iniciado otros 15 expedientes de reintegro de ayudas concedidas a UGT-A, de forma que reclama al sindicato que devuelva otros 10,4 millones de euros.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha explicado que ese dinero se suma a los otros 4,9 millones de euros ya reclamados merced a cinco expedientes con propuesta de resolución de reintegro en firme, de manera que la Junta reclama a la central sindical un total de 15,3 millones de euros en los expedientes de reintegros tramitados.
Ha precisado que los expedientes de ayudas analizados y por los que se ha abierto expediente de reintegro tienen "irregularidades administrativas de justificación y con cantidades que no estaban bien justificadas". "Hemos trabajado con todo el rigor del mundo, y lo haremos ante cualquier irregularidad", ha aseverado Maldonado.
En comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha explicado que los expedientes se han tramitado "con los plazos que establece la normativa y el cumplimiento del reglamento vigente", en tres ámbitos, en la Dirección de Relaciones Laborales, en la Dirección de Seguridad y Salud Laboral y en el Servicio Andaluz de Empleo.
En concreto, ha explicado que en la Dirección de Relaciones Laborales se han instruido siete procedimientos por los que se ha dictado resolución de reintegro por 3,9 millones de euros. En este caso se trata de subvenciones por el desarrollo de promoción de actividades del sindicato, por acuerdo de Concertación y negociación colectiva. Ha indicado que en ese área, UGT ha interpuesto recurso contencioso en el caso de dos resoluciones, con ayudas por valor de 1,8 millones de euros.
En el caso de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, se han abierto seis expedientes de reintegro por 2,9 millones de euros. En este caso las subvenciones se concedieron por la realización de actividades divulgativas y sensibilización en prevención de riesgos laborales.
En cuanto al SAE, donde las ayudas concedidas iban encaminadas al fomento de la contratación, se han unido dos expedientes de reintegro por 3,6 millones de euros. En ese área, según informa el consejero, el sindicato ha presentado recurso en tres resoluciones por 3,1 millones de euros.
En este área existe otro expediente que sigue dentro de plazo y falta unos días para que cumpla el plazo, aunque también se le va a pedir el reintegro de las ayudas, por 15.000 euros, cantidad incluida en el montante global de 15,3 millones.
El consejero ha precisado que a los distintos expedientes habrá que aplicarle dependiendo del momento temporal del reintegro final.
Maldonado ha precisado que estos expedientes se han abierto "con el único objetivo de ejercitar fielmente el control del uso de subvenciones". Asimismo, ha resaltado el "esfuerzo y dedicación" de los diferentes funcionarios en este proceso "por sacar adelante en tiempo y forma expedientes que muchas veces no son fáciles".
Sánchez Maldonado explicaba a principios de septiembre en el Parlamento que la Junta estaba analizando 21 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A, por valor de 25,5 millones de euros, de los que entonces cinco ya tenían propuesta de resolución de reintegro en firme, con la propuesta de resolución de reintegro ya firmada, con reintegros que sumaban entonces 4,9 millones de euros.
En la comparecencia de este jueves, el consejero ha rechazado que se haya abierto "causa general". "No hacemos causa general, sino particular y cumpliendo las normas del Derecho, a raíz de la alarma social detectada, e iniciado el procedimiento con los plazos que respetan los derechos de los administrados", ha aseverado el consejero quien ha indicado que en esta investigación administrativa "los servicios jurídicos nos han marcado en cada momento lo que había que hacer".
Sánchez Maldonado ha respetado la decisión de UGT-A de presentar recursos, puesto que "ellos tienen pleno derecho de ejercer su procedimiento y recurrir ante el contencioso administrativo".
"QUE NO VUELVA A OCURRIR"
El diputado del PP-A Rafael Carmona ha lamentado la "poca información detallada" ofrecida por el consejero, que "se ha limitado a decir el número de expedientes de reintegro".
Ha preguntado si "se han examinado todos los expedientes de UGT-A y si se han examinado sólo los del sindicato y en el resto no se ha examinado nada". Carmona, quien recuerda que "llevamos más de un año" con este proceso, además ha preguntado al consejero si han existido facturas falsas.
"Durante muchos años ha existido una relajación en los controles que nos han llevado a descubrir con el tiempo prácticas no adecuadas", ha lamentado Carmona, quien considera que "para que la sensación existente de que todo es corrupción no se produzca, lo importante es que se aclare y que haga quien la hace la paga".
Por su parte, el diputado del PSOE Carmelo Gómez, quien reconoce que le gustaría que las cosas fuesen más rápidas, pide que se establezcan "las medidas oportunas y necesarias para evitar casos como éste".
"Si se ha utilizado mal el dinero público, que se devuelva", ha añadido Gómez, quien cree que "hay que terminar este proceso y tomar nota para que lo que ha pasado no pase más en el futuro y no se vuelva a repetir". A su juicio, "así ganaremos en credibilidad y que la Consejería mantenga el objetivo fijo de que si se ha utilizado mal el dinero público, que se devuelva; que se devuelva el dinero y que tomemos nota".
Gómez, quien ha puesto en valor la decisión política de la Junta, cree que "se debe mantener la posición alejada de las presiones de unos y otros y ahora debe imperar la mesura, la tranquilidad y el sosiego, que los funcionarios puedan hacer su trabajo adecuadamente y se tomen las medidas necesarias"
El diputado de IU Ignacio García ha valorado los datos aportados por el consejero y ha preguntado si estas irregularidades se han producido porque hayas muchas exoneraciones, además de preguntar si esta situación puede afectar a la percepción de fondos europeos.
