En Andalucía se conmemoran dos fechas, que estando separadas por menos de tres meses en el calendario, se encuentran a distancias abismales en significados y consecuencias. El 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980. Si el 4D rememora el día de la celebración de aquellas masivas manifestaciones de los andaluces en pro de la autonomía y del autogobierno, el 28F recuerda la culminación del proceso de embaucamiento colectivo llevado a cabo por unos políticos trileros que le vendieron al pueblo dependencia y dirigismo como equivalentes a autonomía y autogobierno. Como la consecución de esas ansias de libertad que habían mostrado y reivindicado el 4D.
El 4 de diciembre de 1977, los andaluces inundaron las calles de las poblaciones de nuestro país exigiendo autonomía y autogobierno. Una autonomía que entendían como volver a ser dueños de su tierra y de sus destinos, y un autogobierno que consideraban como capacidad de dirigir su tierra y dirigirse a ellos mismos. Aquellas movilizaciones, que oficialmente respondían a una convocatoria de grupos políticos y colectivos sociales que no pretendían ir más allá de la petición de descentralización de gestión administrativa ofertada por el régimen y su “estado de las autonomías”, fue utilizada por el pueblo andaluz, que la hizo suya, para reconvertirla en una demostración espontánea y masiva de auto reconocimiento y auto afirmación, de saberse y sentirse andaluces, además de cómo marcha en favor de nuestros derechos como pueblo. En un “pedid tierra y libertad”, nuestra tierra y nuestra libertad, como nos exige nuestro Himno.
Carece de importancia, en sí mismo, el que fuesen un millón, millón y medio, dos millones, o más, los que ese día se sumaron a las distintas manifestaciones. Esas cantidades, que es lo más resaltado, constituyen sin embargo algo irrelevante per sé. Lo realmente trascendente no fue cuantos eran sino lo que les unía y les hacía marchar a tantos. Sus motivaciones y expectativas. Y es exclusivamente en relación con esos porqués donde adquiere importancia su número.
Hay quienes, incluso desde posiciones supuestamente revolucionarias andaluzas, se dejan arrastrar por ideas, proyectos y movilizaciones cegados por el espejismo de lo multitudinario como valor intrínseco. El juntar a muchos o juntarse muchos constituye para ellos lo primordial o lo suficientemente justificador. Que alternativas y actuaciones sean asumidas y seguidas por “mayorías sociales”, desde su punto de vista, no es sólo que sea el objetivo prioritario al que subordinan estrategias y las metas trazadas, sino que incluso conforma el baremo mediante el que determinar aciertos o errores en teorías, tácticas y acciones. Las ajenas y las propias.
Esa valoración asentada sobre consideraciones y mediciones meramente cuantitativas, tanto esa necesidad y sobrevaloración del “muchos”, y su contrapunto, el “horror vacui” al “pocos”, y la supuesta marginalidad social e inutilidad transformativa intrínseca que creen que conlleva, se asienta sobre una conceptuación de la realidad político-social, y hasta vital, eminentemente pequeñoburguesa. La ideología y psicología burguesas, nacida entre tenderos, comerciantes y banqueros, produce de forma natural el medir y tasar todo en cantidades y porcentajes. Tener y acumular constituyen, en sí, máximos valores apreciables y defendibles. Ese sopesar, analizar y diagnosticar aciertos y errores, avances y retrocesos, etc., a partir de apriorismos como el ser muchos, llegar a muchos, ser seguidos por muchos, asumido por muchos, votado por muchos, etc., forma parte del condicionamiento social del Sistema. La mentalidad cuantitativa, como la competitiva o la individualista, nos es inoculada por el Capital para mantener el control social.
Para aquel que pretenda transformar la realidad capitalista y el progreso de la sociedad hacia el socialismo, se impone el superar y el combatir a la burguesía también en el plano psicológico. Abandonar y despreciar esa mentalidad cuantitativa, sustituyéndola por otra asentada sobre principios cualitativos, dialecticos, resulta ineludible para conformar ese hombre nuevo, motor de la nueva sociedad. Son sus cualidades: los contenidos, objetivos y consecuencias de los planteamientos, estrategias y acciones; sus porqués y para qué, sus como y adonde conducen, sus ámbitos de actuación y sus metas, las reacciones buscadas y las respuestas obtenidas, etc., lo que debe valorarse. La cantidad no es un valor absoluto sino relativo, subordinada a lo cualitativo, que es lo que le otorga su valor y la determina desde una óptica revolucionaria. Dependiendo de sus contenidos, medios, pretensiones, razones, marcos, fines, etc., un “muchos”, o un “pocos”, podrán sopesarse y apreciarse, en cada caso, como algo positivo, indiferente o negativo.
Por lo tanto, si el 4 de Diciembre de 1977 posee tanta importancia en la historia más reciente de Andalucía, no lo es por el hecho de que ese día se manifestaran un millón, millón y medio o dos millones de personas, sino por los contenidos cualitativos de dichas movilizaciones. Su trascendencia no radica en la cantidad poblacional que participó en ellas sino en las razones que les impulsó. No que fuesen tantos, sino en que fuesen tantos realizando un acto de auto-reconocimiento y reivindicación de derechos como pueblo. Son sus cualidades las que otorgan su importancia positiva a esas cantidades tan multitudinarias, no el hecho en sí de ser tantos.
Si aquel día se hubiesen lanzado a las calles los andaluces con diferentes motivaciones, incluso aunque esas manifestaciones hubiesen sido igual de masivas, o hasta si lo hubiesen sido aún más, sin idénticos porqués y para qué, el hecho podría haber carecido de dicho valor positivo y hasta podría haber poseído un valor negativo. Igual cabría decir si el marco territorial escogido para la actuación y la reivindicación no hubiese sido exclusivamente el andaluz.
Eran sus cualidades, sus contenidos y lo que éstos conllevaban como elementos significativos de un contexto de despertar identitario y de clase, así como de capacidad y disponibilidad en defensa de derechos colectivos como pueblo, además del hecho de desarrollarse en un ámbito andaluz, lo que les otorgaba y sigue otorgando al 4D su valor. La cantidad de participantes sólo fue y es significativa en relación directa con esas características andaluzas y populares. No el ser muchos los manifestantes andaluces, sino el ser muchos los manifestantes andaluces, marchando como pueblo andaluz, sabiéndose pueblo andaluz, luchando como pueblo andaluz, exigiendo derechos como pueblo andaluz, y, además, haciéndolo en Andalucía. Incluso los que se manifestaron ese día en la diáspora del exilio económico, lo hacían como pueblo andaluz, exigiendo para Andalucía y mirando a Andalucía. Ese día también ellos estaban en Andalucía.
Y esa importancia cualitativa del 4D, lo es aún más si en esos considerandos se tiene en cuenta el pasado y las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de las que partían dichos manifestantes. El que fuesen capaces de saberse pueblo, actuar como pueblo y exigir como pueblo “tras siglos de guerra”, como dice nuestro himno. El que tras tantos siglos de ser víctimas del mayor genocidio padecido por un pueblo perviviente fuesen capaces de ello, posee un valor inmenso y dice mucho acerca de su capacidad de resistencia. No, no exagero al hablar de haber padecido el mayor genocidio conocido sufrido por un pueblo pervivente, pues fue de tal magnitud y tan prolongado, contuvo tal grado de persecución y opresión, que conllevó no sólo exterminio y aculturización colectiva, como en el caso de otros pueblos colonizados, sino además una erradicación identitaria tan enorme que ha logrado que olvidemos nuestra propia condición de pueblo, invisibilizar nuestra situación colonial y la identificación con el agresor. No existe otro caso tan extremo de anulación de un pueblo en la histiria conocida.
Somos un pueblo negado y reprimido cuya tierra permanece ocupada desde hace ochocientos años, primero como típica colonia del antiguo régimen del Imperio Español y, posteriormente, como colonia interior en su prolongación como Estado Español. Otra fecha rememorada hace poco simboliza esa condición de país conquistado: el 2 de enero de 1492. El día de la caída de la última ciudad libre andaluza, Granada. Los estados españoles constituyen la continuación de aquel viejo Imperio mediante su conversión en superestructuras burguesas únicas. En estados imperialistas que mantuviesen atados a los países aún bajo control, al servicio de los intereses del Capital. La condición colonial andaluza no es, por tanto, sólo algo del pasado, también es presente esencial, lastrante y condicionante, que todo lo determina. Y lo hace más allá del grado de percepción o consciencia que se posea de ello. Como en cualquier país colonizado, nuestras problemáticas políticas, económicas, sociales, culturales, etc., hunden sus raíces, sus orígenes y motivaciones, en el hecho colonial, por lo que sin su previa erradicación son irresolubles.
Con la muerte de Franco, el Capital considera que, tras el radical “borrón y cuenta nueva” de la mal llamada “guerra civil” y la Dictadura, se dan las condiciones para volver a abrir de nuevo la mano. Pero, por si acaso, de una manera controlada. Una “democracia vigilada”. De ahí que no se produzca un desmantelamiento real del franquismo, del “régimen del 18 de Julio” surgido y mantenido para salvaguardar el Estado único y el capitalismo. En lugar de instaurarse un régimen democrático-burgués al uso, se emprende una mera reforma del aparato y el Estado franquista, lo que conlleva su permanencia. Continuismo remozado que mantenga intactas sus estructuras de poder, instituciones y estamentos, embozados tras formalismos de democracia parlamentaria, y ampliados a la participación de la “oposición”. A esto se limitó la “transición”.
Esa apertura a la “oposición democrática” incluía a los partidos reformistas (PSOE, PCE, etc.) y sus sindicatos (UGT, CC.OO., etc.), así como a los que representaban a las burguesías vasca y catalana. La inclusión en el pacto de estos últimos propiciará la concesión de descentralización administrativa, pero sólo para esos países, de ahí lo de las “nacionalidades históricas”, y que la distinción de estas fuese la existencia de estatutos durante la II República Española. Sus oligarquías mantenían así el control de sus territorios, a través de su “autonomía”, mientras que compartían, mediante el Estado único, el de los demás. El pacto preveía para Andalucía la permanencia de su condición neocolonial. Pero el triunfo de la UCD en 1977 hará que la izquierda del régimen se interese por el "autonomismo" y el "municipalismo". Unas autonomiás y municipalismos meramnetes formales, claro. Sus defensas por PSOE y PCE surgen como estrategias de contrapoder frente a una derecha instalada en el “gobierno central”, el único poder real y apreciable para ellos, no como defensa de los pueblos y lo local. Aún hoy sostienen esa óptica.
Y es en dicho contexto en el que acontecen las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 en nuestra tierra. Apenas seis meses después del fracaso electoral reformista de 1977. De ahí que tanto dicha “izquierda” como la derecha intenten utilizar al pueblo andaluz en su lucha por el único poder objetivo y que les interesaba, el estatal, abanderando así unos la reivindicación de la “autonomía de primera” y propugnando los otros su rechazo. Unos para lograr el “gobierno de Madrid” y otros para mantenerlo. Y de ahí el que ambos bandos se sorprendan por igual de la respuesta popular. De la transformación de convocatorias concebidas como reivindicación descentralizadora en exigencia popular de una autonomía entendida como volver a ser dueños de su tierra, y un autogobierno traducido como capacidad de gobernarla y gobernarse. Una concepción de la autonomía y el autogobierno que amenazaba con hacer añicos en Andalucía el pacto continuista, y su papel estructural neocolonial dentro de los estados españoles.
Como consecuencia, por una parte ya no se volverá a convocar otra jornada reivindicativa de características semejantes, aquel 4D será el primero y último, y por otra se confabularán, los unos y los otros, para que el pueblo andaluz volviese al estado de aletargamiento identitario, dependencia política y sometimiento socioeconómico, previstos dentro de la conformación de los estados españoles. Un Pueblo trabajador andaluz mantenido en permanente postración y en la mera subsistencia económica, imprescindible, como en cualquier estrategia colonial, para posibilitar el expolio de la tierra y la explotación social. Todo lo cual un pueblo consciente de sí y en pie por sus derechos imposibilitaría. Por todo ello resultaba imprescindible “reconducir” reivindicaciones y acciones. Devolvernos al estado de quietud y adormecimiento. Y el primer paso para lograrlo era el arrebatarnos el protagonismo e “institucionalizar” las actuaciones y las exigencias.
Por eso ya no hubo otro 4D. En su lugar, al año siguiente, el 4 de diciembre de 1978, se dieron cita en Antequera las fuerzas que habían formado parte del proyecto de la “transición”, y otras que desempeñarían el papel de inconscientes “compañeros de viaje” de los primeros, para firmar el , por ello, denominado como Pacto de Antequera. Este suponía pasar del escenario colectivo y callejero al partidista e institucional, excluyendo al pueblo, reducido a espectador de las actividades y decisiones de sus “representantes”. Con él no se trataba de impulsar nada sino de frenarlo todo. De desviar y limitar las reivindicaciones del 4D al acuerdo de la “transición”. Se inicia el proyecto de embaucamiento colectivo que desembocará en el referéndum del 28F.
El referéndum del 28 de febrero de 1980 será la culminación de ese plan de “encauzamiento” del 4D y de “reconducción” de las reivindicaciones populares. Y si el 28F hubo una respuesta tan masiva, participativa y afirmativa por parte del pueblo en el referéndum fue porque esos políticos trileros, vendidos a España y al Capital, le hizo creer que el votar la “autonomía de primera” a través del 151 era lograr su autonomía y autogobierno, tal y como eran entendidas por él y reivindicadas en el 4D. Por lo tanto, el 28F supuso, a un tiempo, un gran triunfo, por la implicación popular, y la derrota final de nuestras aspiraciones de libertad, ya que los sucedaneos de “autonomía” y “autogobierno” ofertados, fuera cual fuese la vía elegida, suponía la continuidad de la dependencia neocolonial. De ahí que unir o equiparar el 28F al 4D, tan siquiera el festejar o reivindicar el 28F en cualquier sentido, sea hacerle el juego al régimen.
El Pacto de Antequera compromete a todos sus firmantes a una “propuesta de acuerdo, como muestra de apoyo a la Constitución Española, en aceptación del marco autonómico en ella contemplado y como vía para fundamentar lo más sólida y rápidamente posible la nueva estructura del Estado Español, basada en la indisoluble unidad de la Nación Española”. Por ello se comprometían igualmente a “impulsar y desarrollar los esfuerzos unitarios encaminados a conseguir para Andalucía, dentro del plazo más breve posible, la autonomía más eficaz en el marco de la Constitución” y a promoverla “a través de los medios constitucionales adecuados”. Estamos ante un compromiso común de no rebasar los límites pactados en la “transición” y transcritos como “contrato de obligado cumplimiento” en la Constitución Española de 1978.
Es esa Constitución de 1978, así como la propia conformación y diseño del concepto mismo de los Estados Españoles, como “unidad de destino” preexistente e imprescindible, lo que imposibilita autonomías reales y autogobiernos efectivos a los pueblos obligados a formar parte de los mismos, no un determinado gobierno, su "forma de gobernar", una constitución o interpretación constitucional concreta, o un desarrollo legislativo específico. El problema es originario y estructural, no accidentalista o coyuntural, por tanto irresoluble e irreformable. No hay, por tanto, otro cambio real posible que no pase por acabar con el régimen y su "marco constitucional", por la ruptura, así como por la erradicación del propio concepto de la supuesta "necesidad" y "positividad" de los estados españoles.
La Constitución del 78 parte de la preexistencia de una nación española que se instituye como objeto y sujeto de la misma. Su preámbulo comienza declarando que “La Nación española, deseando establecer (…), en uso de susoberanía, proclama su voluntad de…”. Y es la nación la que se instituye en Estado. En su primer 1º lo proclama: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Incluso la soberanía se le atribuye a esa nación, no a los ciudadanos, en la que sólo “reside”, o sea, que la detentan por formar parte de la nación. Su artículo 2º lo especifica:“La soberanía nacional reside en el pueblo español”. Lógicamente, si hay una nación preexistente y jurídicamente soberana, no puede haber ninguna otra. Igual que la existencia de un “pueblo español”, detentador de la soberanía, impide el reconocimiento de otros pueblos, y aún menos el de sus soberanías y sus respectivos derechos de autogobierno.
Es bajo estas premisas nacionalistas españolas sobre las que se establece el Estado Español actual y la Constitución de 1978, al igual que los y las anteriores. Y sobre dichas premisas se fundamenta también el denominado “Estado de las autonomías”. En su artículo 3º declara: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. Como consecuencia, esas “nacionalidades” y “regiones” sólo son y pueden ser partes de la nación española. Todas ellas forman España y por tanto ni poseen ni pueden aspirar a la soberanía, que le pertenece a la única nación reconocida y existente, la española. Igual cabe decir de otros pueblos. Para la Constitución no hay más pueblo que el español. Pueblo que además es soberano en tanto que lo es de España, origen de la soberanía. Los otros no existen, y de existir sólo lo serían como parte del pueblo Español.
Algunos arguyen que bastaría con cambiar dicha constitución e incluir ese reconocimiento a las diversas naciones y pueblos, así como el "derecho de autodeterminación", para solventar el problema. Esa es la falacia más recurrente en el discurso de la izquierda estatalista. Pero no es cierto. No existen países “plurinacionales”, ni desde el punto de vista jurídico ni desde el racional. Lo que si hay son estados plurinacionales. Conjuntos de naciones y de pueblos unidos en un estado común, creado por la libre voluntad soberana de éstos, que deciden instituirlo. Y en derecho internacional las naciones y pueblos soberanos son los constituidos en estados. Son esas naciones y pueblos libres, a través de sus estados, los que, si así lo desean, crean, reconocen y conceden poder y derechos a dicho Estado común, delegando en él mismo determinado grado de gestión, de autonomía, y no al revés. Esos son los estados federales o confederales. Nada que ver con el sucedáneo de "federalismo" que vende el españolismo, reducido a un mero reconocimiento formal de los pueblos y naciones, y a más descentralización del Estado único. Eso no es federalismo, es otro “Estado de las autonomías” cambiado de nomenclatura. El problema, por tanto, no reside en esta constitución o en este Estado Español, sino en la permanencia misma de de los estados españoles como superestructuras preexistentes.
Dentro de este contexto estatalista españolista, un “Estado de la Autonomías” no es, ni puede llegar a ser, más que la mera descentralización de las estructuras y funciones del Estado único. La concepción de “autonomía” que contiene la Constitución de 1978 no conlleva tan siquiera compartición del poder, la cesión de una parte del mismo. El Poder sigue permaneciendo, en su totalidad, en posesión del estado único. Lo que éste cede es sólo la gestión, en su nombre, de una parte de sus funciones, que siguen siendo suyas. Estas constituyen las “competencias autonómicas”. De ahí el que los “estatutos de autonomía” sean simples leyes orgánicas estatales debatidas y aprobadas por el Congreso de los Diputados y sancionadas por el Rey. Y por esa razón, aunque un “parlamento autonómico” elabore un estatuto y éste sea ratificado por un pueblo, si no es autorizado por el Estado único no pueda entrar en vigor. Los gobiernos y parlamentos autonómicos, así como los ayuntamientos, no son más que delegaciones y extensiones del único poder, el del Estado único. Son también Estado Español. El artículo 137º de la Constitución lo expresa claramente: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. A esto se limita el “autonomismo” y el “municipalismo”, a una forma de auto organización y a una delegación en la gestión de funciones del Estado único.
Una de las características del régimen neofranquista en el que vivimos desde el pacto de la “transición”, es la utilización de expresiones e ideas semejantes a la “neolengua” y el “doblepensar” incluidos por Orwell, en su novela “1984”, como formas de control y alienación utilizados por el Estado totalitario que gobierna el mundo del protagonista. Al igual que en dicha ficción la manipulación del lenguaje y los conceptos les llevaba a proclamar máximas como las de que “la guerra es la paz” o “la libertad es la esclavitud”; en la realidad andaluza actual, el continuismo se etiqueta como cambio, el dirigir como democracia, la dependencia como autogobierno y la descentralización como autonomía. Y en esto tampoco el neofranquismo hace otra cosa más que culminar proyectos políticos y prolongar procesos sociales ya iniciados durante la etpa anterior. Recordemos como, por ejemplo, la Dictadura se autocalificaba como democracia. No era un régimen corporativista de corte fascista, era una “democracia orgánica”.
Hablar en la Andalucía actual de la existencia “autonomía” y de “autogobierno” reales, o de la posibilidad de su existencia dentro de un Estado Español, solo puede ser fruto de la traición, de la utilización consciente de un lenguaje orwelliano destinado a mantener a nuestro pueblo en el adormecimiento y la quietud, o la consecuencia de la más profunda e incapacitantes de las ignorancias sociopolíticas. Autónomo es aquello que hace y actúa por sí mismo. De una forma independiente. Una Andalucía que carece de soberanía política, que está bajo el control y el poder de un Estado ajeno, el español, de un estado imperialista que la mantiene colonizada, no es ni puede llegar a ser autónoma, es una Andalucía dependiente y anulada. Y autogobierno es la capacidad de gobernarse a sí mismo. Un pueblo andaluz carente de soberanía política, no se autogobierna ni podrá autogobernarse, es gobernado. Es un pueblo dirigido y esclavo.
Mantener que una Andalucía dependiente y un pueblo andaluz gobernado, que una Andalucía colonizada y un pueblo andaluz esclavo, es una Andalucía y un pueblo andaluz libres. Que una Andalucía y un pueblo andaluz sin plena soberanía política, que sin un poder andaluz y popular soberano puede transformarse nuestra realidad, sólo es engañarse o pretender engañar. La soberanía política no es la consecuencia o el final de nada, es el origen y el principio de todo. Sin soberanía nada es ni será posible. Los utópicos, los que se encuentran al margen de la realidad y lo razonable, no son los que afirmamos la necesidad de la priorización de la lucha por la recuperación de la soberanía política como vía de transformación política y social, sino los que sostienen la posibilidad de cambios y mejoras sustanciales en la realidad andaluza sin capacidad política de hacer y decidir. Sin la necesidad de la previa repuperación de la soberanía. Solo en una Andalucía libre,soberana, se podrán dar condiciones para lograr un país en manos de su pueblo, y sólo bajo éste poder popular andaluz se darán condiciones para transformar la realidad y avanzar hacia el socialismo.
Celebrar el 28 de febrero es festejar la Andalucía actual. La de la dependencia y la dirigida. Es festejar la continuidad de una Andalucía ocupada y colonizada. Es festejar la perpetuación de la opresión, la explotación y la alienación del pueblo andaluz. La permanencia del secuestro de su soberanía, de su libertad. Andalucía sólo tiene un día: el 4 de diciembre. El 28F no es el Día de Andalucía. Tan siquiera es otro Día de Andalucía, su “Día institucional”. El 28F solo es el día de la Andalucía española y de los que la defienden. Y porque simboloza todo eso es por lo que el régimen lo escogió en sutitución del 4D, que represta su opuesto, como el día de su Andalucía. El 28F no es el Dia de Andalucía sino el Día contra Andalucía. ¡28F, nada que celebrar!
Francisco Campos López
