La juez Mercedes Alaya atribuye el cobro de 155.000 euros a un asesor de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla como mordidas por la adjudicación de contratos a la empresa Fitonovo, empresa sevillana que untó a funcionarios y políticos de seis comunidades a cambio de la obtención fraudulenta de encargos públicos. Como desveló EL MUNDO de Andalucía en abril, el administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baro, confesó ante la juez Alaya haber entregado «70.000 euros en una caja de zapatos» en vísperas de las municipales de 2011 tras una petición de «cierta persona de Izquierda Unida». Alaya no sólo ha puesto ya nombre al supuesto receptor de ese dinero sino que además tendría pruebas que acreditarían el pago por parte de Fitonovo de otros 85.000 euros. Se trata de Antonio Miguel Ruiz Carmona, asesor del área de Infraestructuras para la Sostenibilidad cuando al frente de esa concejalía se encontraba Antonio Rodrigo Torrijos y hoy representante de IU en la Comisión de Mercados Ambulantes de Sevilla capital. La dirección de la coalición anunció ayer que lo aparta de esta responsabilidad «hasta que se aclaren» los hechos. Según ha podido conocer este periódico en fuentes del caso, Alaya desveló estos extremos durante la lectura de los nuevos cargos que imputa a José Antonio González Baro, su padre -Rafael González Palomo, fundador de la compañía y también imputado en la causa- y al administrador de la filial Fiverde, Ángel Manuel Macedo. Ruiz Carmona fue uno de los 32 detenidos ayer durante la macrorredada llevada a cabo a instancias de la juez Alaya por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 12 provincias (Sevilla, Huelva, Jaén, Córdoba, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Gran Canaria) de seis comunidades autónomas por el pago de mordidas a cambio de la obtención fraudulenta de contratos públicos. Los delitos que se imputan son contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. Fitonovo fue una de las empresas mimadas por el Ayuntamiento de Sevilla durante la etapa del gobierno de coalición PSOE-IU (2003-2011). Así, el Consistorio de Sevilla le adjudicó la conversión de 11 campos de fútbol de albero a césped artificial y cuatro contratos para podas de arbolado en cuatro distritos de la ciudad con cargo al Plan 8.000 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El montante de estos encargos ascendió a 8.172.788,62 euros. En su declaración ante Alaya, González Baro admitió que, «una vez concluidos e inaugurados» los campos de césped artificial, «Izquierda Unida le pidió , estando próximas las elecciones, una colaboración económica y accedió». Le entregó «70.000 euros en una caja de zapatos», cantidad que decidió él mismo: «No le dijeron ni un número; accedió a la primera petición». El supuesto receptor de las mordidas exigidas por IU se encuentra detenido en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial, lo que tendrá lugar previsiblemente mañana. La Operación Enredadera La macro-redada de ayer se denomina Operación Enredadera y es la continuación de la investigación iniciada en 2009 en relación a las relaciones societarias entre las empresas que pujaron en concurso público por un derecho de opción de compra sobre terrernos de Mercasevilla, lo que puso de manifiesto el incremento patrimonial no justificado del ex director del Área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño. Las pesquisas revelaron que Castaño recibió «múltiples dádivas» -como vehículos de alta gama y dinero- de la empresa sevillana Fitonovo. Tras analizar la documentación incautada durante el registro llevado a cabo en la sede de Fitonovo a mediados del pasado mes de diciembre, los investigadores descubrieron que la empresa creó «una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares» y utilizó «la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación». La Guardia Civil también ha constatado que Fitonovo habilitó «una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos». El administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baro, confesó ante la juez Alaya cuando declaró como imputado el pasado 18 de diciembre haber repartido entre 2003 y 2012 al menos 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos, de los que la mitad fueron a parar presuntamente al bolsillo de Francisco Amores. Éste era jefe de servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y ya estuvo tres meses en prisión provisional por estos hechos. La Guardia Civil ha detenido también en el marco de la operación Enredadera a representantes de otras dos formaciones políticas. En la localidad jiennense de La Carolina, agentes de la UCO arrestaron a Cristóbal Pérez Martínez, concejal de Participación Ciudadana, Deportes, Festejos, Turismo, Limpieza y Relaciones Institucionales. Fitonovo ha realizado al menos tres trabajos para el Consistorio de La Carolina, donde gobierna el PP desde que en octubre de 2009 prosperara una moción de censura que desalojó al PSOE de la Alcaldía. El trabajo de mayor importe fue la obra de reforma del estadio municipal de fútbol de La Carolina, adjudicado por 747.250,54 euros a una UTE participada al 80% por la empresa eje de la trama corrupta. Según González Baro, el Consistorio carolinense reclamó «a través del comercial» de Fitonovo una «colaboración económica» que el imputado cifró entre «15.000 o 20.000 euros». El empresario no supo precisar la identidad del receptor. El jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén, Miguel Ángel Cruz Garrido, y un técnico del Ministerio de Fomento fueron los otros dos detenidos en Jaén. En Gran Canaria, uno de los dos detenidos fue el ex consejero de Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria en la institución insular, Sergio Machín. El segundo arrestado es el delegado de Fitonovo en las islas. El operativo desplegado por la Guardia Civil durante la jornada de ayer también incluye la detención y registro del despacho de Carlos Manuel Podio, jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla hasta que ayer fue destituido de forma fulminante por su presunta implicación en la trama corrupta. El administrador único de Fitonovo ya declaró a la juez Alaya que Podio -reincorporado «hace unos días» a su puesto tras permanecer casi un año de baja por enfermedad- cobraba «de 10.000 a 12.000 euros» que Fitonovo le abonaba «por campaña». No obstante, el empresario matizó que creía que su empresa no le pagaba al funcionario, que «era una persona de alta esfera», sino que lo hacían las empresas Martín Casillas o Maygar, que eran las que subcontrataban a Fitonovo y que después le descontaban las mordidas del precio de la subcontrata. También fue arrestado en Sevilla Elías Oliver, funcionario de carrera de la Diputación de Sevilla ya jubilado y antiguo jefe de servicio. Dos de las 32 detenciones se practicaron en Zaragoza. Una de ellas fue la de José A. G. P., gerente de mantenimiento de la empresa estatal Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en esta provincia. González Baro confesó a la magistrada que, en cierta ocasión, el comercial de Fitonovo pidió 300 o 500 euros sin justificar y, según le dijo, era para «Viagra» para el ahora imputado. También fue arrestado en la capital zaragozana un trabajador jubilado de la misma empresa cuya identidad se corresponde con las iniciales M.A.M.T. No fueron los únicos trabajadores de Adif detenidos en la operación Enredadera, ya que la UCO también arrestó al gerente y a un técnico de Adif en Córdoba. Tres empresarios también fueron detenidos en esta provincia. En Huelva se produjeron otros tres arrestros: uno de ellos adscrito a la Delegación de la Junta y dos técnicos del Ministerio de Fomento. Con información de Ignacio Díaz Pérez (Sevilla), Mª Amelia Brenes (Jaén), Toñi Caravaca (Córdoba) y María Carmona (Huelva). (Fuente: El Mundo)
