En el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, una oportunidad perdida para realizar una legislación que auténticamente impidiese interpretaciones, celebraciones y simbologías antidemocráticas, antifascistas y antiandaluzas, y que, a un tiempo, incentivase el conocimiento real y completo de nuestro pasado.
http://www.laotraandalucia.org/node/2289
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En su artículo primero dicha ley afirma que “El objeto de esta Ley es el establecimiento de políticas públicas para la recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía y velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades durante la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía”.
Pero es que “la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades” no se limita a ese periodo temporal. Ni comenzó en 1931 ni terminó en 1981. Tampoco el terror de Estado, los asesinatos y los enterramientos en fosas comunes anónimas y el exilio forzado de los que lucharon por nuestros derechos y nuestra libertad. ¿Os imagináis que un gobierno que se calificase de progresista pudiese aprobar una ley que condenase los crímenes de Estado, las persecuciones, los asesinatos, las torturas, los robos de sus propiedades, las expulsiones de sus domicilios y de sus tierras, etc., a los andaluces, pero sólo los acontecidos durante un periodo histórico concreto, dejando en la impunidad el resto, así como su justificación y enaltecimiento?, pues eso es lo que hace exactamente lo que ha hecho la Junta con esta ley.
Según Valderas esta ley, a la que calificó de “integral” se elabora “desde el reconocimiento y no permitir el olvido de miles y miles de luchadores por la democracia y a libertad”, así como de cumplimentar “las aspiraciones de no dejar nada en el olvido, de situar todo en el terreno de la verdad, de la justicia, de la reparación, de la no repetición, de acuerdo con los derechos humanos y la normativa internacional”. Pero, al restringir su ámbito de actuación a esas pocas décadas miente descaradamente con respecto a dichos propósitos, dado que reconoce, defiende y protege el recuerdo de miles ignorando el de millones. El de todos los “luchadores por la democracia y a libertad” antes de 1931 y después de 1981.http://www.laotraandalucia.org/node/2289
¿No eran luchadores por la libertad los jornaleros asesinados en el campo andaluz a lo largo de siglos? ¿No eran luchadores por la libertad los andaluces encarcelados, torturados y ajusticiados por defender la justicia social y una democracia real antes de 1931? ¿No eran luchadores por la libertad los que defendieron sus poblaciones y propiedades de los invasores que se las pretendían arrebatar por “derecho de conquista”? ¿No son luchadores por la libertad todos los perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por defender la libertad y la justicia social después de 1981? Pues según esta “progresista” y “reparadora” ley no. La misma define “víctimas de la represión” (artículo 3º) sólo a “todas las personas que, por su defensa de la legalidad republicana y de los valores democráticos o como consecuencia de actuaciones de los golpistas y del franquismo”. Y no es de extrañar, puesto que restringe el propio concepto de “memoria democrática” (artículo 4º) como “el derecho individual y colectivo del pueblo andaluz a conocer la verdad, de lo acaecido en su lucha por sus derechos y libertades democráticas en el período que abarca desde la Segunda República hasta el logro de la autonomía en Andalucía”.
Una ley que sólo ampara a unos pocos y deja fuera de ella a la inmensa mayoría, que no busca ni incentiva toda la verdad histórica sino sólo la de unas pocas décadas, y aún ésta de forma parcial, no es una normativa para “situar todo en el terreno de la verdad, de la justicia, de la reparación, de la no repetición, de acuerdo con los derechos humanos y la normativa internacional”. Una ley tan restrictiva no es una ley “integral” de memoria democrática, sino una ley arbitraria y contraria a los propósitos que ella misma manifiesta, además de en sí misma antidemocrática, dado su carácter discriminatorio temporal, y aún menos es una ley de memoria histórica, sino anti-histórica, por el contrario es contraria a nuestra memoria histórica, pues la historia de Andalucía tampoco comienza en 1031 ni termina en 1981.
Lo que sí constituye esta ley es una muestra más de las consecuencias del continuismo neofranquista y necolonial en nuestra tierra, de la que este “gobierno de progreso” de la Junta de Andalucía es un fiel reflejo. Ésta es una ley destinada a todo lo contrario a aquello de lo que proclama. Su fin no es la recuperación de la memoria sino la permanencia del olvido. No es el de revelar sino el de volver a velar. Es una ley de olvido de todo nuestro pasado y de nuestra identidad real. No pretende reparar sino volver a enterrar.
Este no es un anteproyecto de ley de memoria, ni histórica ni democrática, sino de propagación de la desmemoria y la alienación, así como de protección de los principios españolistas y pro-capitalistas pactados en la “transición”, a la que esta “izquierda” domesticada que nos gobierna en Andalucía en nombre del amo de Madrid, sigue obedeciendo en todas sus actuaciones.
Esta ley incluso insulta la memoria de las propias víctimas del fascismo a las que afirma defender, al equiparar con insistencia el régimen continuista actual con aquel futuro de libertad, igualdad y justicia por el que dieron sus vidas, Incluido Blas Infante, así como mantiene en la ignominia y el olvido a todos los que les precedieron, con lo que son igualmente ofendidos. También insulta a las víctimas del fascismo equiparando a estas con sus verdugos en este presente de supuesta unidad y reconciliación de la "idílica" democracia y autonomía de atrezo, tras cuya superficie el fascismo pervive y se fortalece.
Esta no es una ley de memoria democrática ni histórica. Al igual que antes la probada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, y de la misma forma que todas las elaboradas por el régimen actual, incluidas la Constirución del 78 y los estatutos de "autonomía", es, de facto, otra ley de punto final e impunidad. De engaño y esclavización del pueblo andaluz.
“Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones.
El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.
(Extraído del conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad aprobados por la ONU en 2005)
