viernes, 21 de noviembre de 2014

La duquesa de Alba y la España que se inclina

Queremos añadir también este titular: "La Duquesa de Alba y la Andalucía que se inclina"




¿Qué impide vivir como le dé la gana a una persona con un patrimonio de unos 2.500 millones de euros? Alguien que ha vivido bajo un manto de privilegios desde su infancia. Alguien que formó parte de la élite social durante una dictadura. Alguien a quien el folclore popular en algunas zonas del país le profesa un amor sincero y absurdo. Hasta un monje budista educado en el más estricto ascetismo dejaría de ser persona para convertirse en personaje.
Y sin embargo, lo que hemos visto con el fallecimiento a avanzada edad de la duquesa de Alba ha sido la competición habitual en este país por corresponderle con elogios empalagosos y frívolos tanto desde sectores conservadores para los que una aristócrata perteneciente a una familia con raíces en la historia de este país es un símbolo positivo por definición como desde personas que dicen ser de izquierdas, impresionadas aún por el hecho de que las élites no tuvieran problemas en acogerles con los brazos abiertos en los años 80. Una cosa que está a medias entre el síndrome de Estocolmo y unas convicciones que hace años se convirtieron en simple pose.
De ahí esos titulares en los que se ha homenajeado a la "duquesa rebelde" sin que quede muy claro contra qué se rebeló durante el franquismo, como no sea la moral sexual de la época, y tampoco creo que sea necesario especular sobre este último punto. En su intento por seguir hundiendo el prestigio que le pueda quedar, Alfonso Guerra, cuyo izquierdismo en el Gobierno ya quedó desnudado por un libro de Jorge Semprún, se ha unido a la lista de cortesanos armados de los tópicos de rigor. Y es difícil superar en ese campo al que fue alcalde de Sevilla durante doce años, Alfredo Sánchez Monteseirín,  en un artículo en el que los elogios se atropellan para revelar lo que sucedió entonces: los socialistas llegaron al poder en Sevilla y se aseguraron de respetar los derechos adquiridos por personajes como la aristócrata. Porque fueron los socialistas los que premiaron con el distintivo de "hija predilecta de Andalucía" a la mayor latifundista de la comunidad autónoma. Pero en algún momento alguien decidió que los latifundios y sus terratenientes son un factor de progreso y cohesión social, y los que no lo reconocen son unos envidiosos.
Quizá todo sea otro daño colateral de la Transición. El olvido exigía no pensar en la primera boda de Cayetana en 1948, que se ganó, con justicia o sin ella, la etiqueta de la boda más cara del mundo. En un momento en que incluso hasta los vencedores de la Guerra Civil pasaban hambre (imaginemos a los perdedores), se celebró lo que se llamó la última boda feudal de España. 2.500 invitados, un coste de 20 millones de pesetas de entonces (que en 1998 la revista ¡Hola! tradujo a 500 millones en dinero de ese año), decenas de miles de personas en las calles y una luna de miel que duró seis meses por Europa, México, EEUU y Cuba.
La duquesa se convirtió en un personaje de la jet-set internacional y su fortuna le permitió gozar de todos los privilegios imaginables, por más que la fe monárquica de la familia la mantenía a distancia esos años de la retórica fascista y militarista del régimen. Ninguna de sus propiedades sufrió mermas, antes al contrario, y su patrimonio gozó de la protección que el franquismo ofrecía a todos los que se contaban en esa clase social, lo que incluía la explotación de los trabajadores y la persecución de los que defendían sus derechos.
Era otra época y no conviene volarse la cabeza con resentimientos procedentes de cuando aún no habíamos nacido, dirá mucha gente. ¿Y ahora? ¿Qué convierte a una aristócrata en un modelo de imitación y elogio sociales que hace que los medios de comunicación compitan en darle una cobertura masiva en la actual situación económica del país? Su patrimonio está protegido por normas fiscales que permiten que el 90% esté exento del pago de impuestos. El hecho de que la mayoría de sus principales herederos residan en Madrid supone que no tendrán que pagar casi nada por el impuesto de sucesiones (por cortesía de Esperanza Aguirre e Ignacio González), una institución aparentemente marxista que  también existe en EEUU para los multimillonarios. Sus privilegios seguirán siendo los de sus familiares, que ahora han convertido la marca familiar en comercial para continuar llenando los bolsillos. Es una historia de dinero y las páginas de la prensa presuntamente seria mutada en prensa del corazón son sólo el teatro de guiñoles para distraer a la plebe.
En el colmo de la ironía, el fallecimiento de la Grande de España (sic) ha coincidido con la publicación en España del libro del economista francés Piketty, pero eso sólo es un guiño para los más leídos. Es más sangrante saber que ese mismo día en que los medios celebran a la aristócrata que todo lo consiguió por ser hija de su padre, se recordaba, por ser el Día Internacional del Niño, que  2,8 millones de menores viven en España en riesgo de pobreza y exclusión social. Haber nacido con más suerte.
Quizá todo se reduzca al mal endémico de esta sociedad, que va más allá del intento de vender periódicos o ganar puntos de share en la televisión. Al igual que en el caso de la muerte de Botín, los grandes medios y la España oficial optan una y otra vez por la genuflexión en vez de la reflexión. Quiten a esos niños hambrientos de la foto y hagan sitio a la "rebelde". Celebremos el banquete con las más altas autoridades del Estado y que se peleen los demás por las sobras. Igual que ocurrió en la boda de 1948.
Escrito por: Íñigo Sáenz de Ugarte.

viernes, 14 de noviembre de 2014

La utilización del Pueblo Andaluz en el proceso soberanista catalán

No sería lo mismo de estar ante un proceso soberanista en Eukal Herria; o de ser el pueblo Gallego o cualquier otro de los pueblos que conforman este estado el que estuviera inmerso en un proceso sin aparente retorno camino a su independencia. Pero se trata de Cataluña, y nadie puede negar los lazos que unen a Cataluña y Andalucía durante décadas, relaciones que levantaron pasiones tanto a favor como en contra a ambos lados; de amor y de odio. Desde las cartas que Blas Infante escribiera en solidaridad a presos políticos catalanes, hasta el hecho migratorio andaluz. Y sin lugar a dudas fue este último hecho, la migración en masa del pueblo andaluz a Cataluña el que más unió a ambos pueblos. Se dice que los primeros movimientos migratorios hacía Cataluña empezaron ya en los años 20 y 40 del siglo pasado y perduró hasta últimos de los 80, siendo las década de los 60 y 70 las de mayor actividad; se calcula que durante los años sesenta cerca de un millón de andaluces y andaluzas, familias enteras, víctimas del éxodo económico forzoso emigraron a Cataluña huyendo de la miseria y la falta de futuro a la que siempre condenaron a nuestro pueblo buscando el pan y el trabajo que se les negaba en su tierra. Durante los años 90, debido a la coyuntura capitalista de altibajos económicos y sobretodo a la especulación urbanística, el pueblo trabajador andaluz encontró alivio temporal en las cifras de desempleo por un tiempo, esto permitió que la emigración se estancara temporalmente y que incluso muchos andaluces y andaluzas pudiéramos volver a nuestra tierra, pero la mayoría se quedaron allí. La crisis capitalista actual, otra de tantas, vuelve a condenar a Andalucía con cifras desesperadas de desempleo y falta de futuro amenazando con un nuevo éxodo forzoso de la población más joven de Andalucía, teniendo de nuevo a Cataluña como uno de sus principales destinos. Los lazos de unión son evidentes, son centenares las casas culturales y asociaciones andaluzas de todo tipo repartidas por la geografía catalana, en Andalucía la mayoría tenemos a un familiar o amigo que vive o ha vivido en Cataluña cuando no hemos sido víctimas directas de la emigración forzosa. Este hecho establece una serie de lazos culturales y sociales entre ambos pueblos que irremediablemente hacen que el pueblo andaluz tanto en la diáspora como en su tierra de origen establezca unos sentimientos particulares, encontrados, de rechazo o de apoyo hacia el proceso soberanista que se desarrolla en Cataluña y a la vez es manipulado para defensa de todo tipo de intereses políticos, por desgracia siempre ajenos a los suyos tanto como pueblo

jueves, 13 de noviembre de 2014

La juez Alaya atribuye a IU el cobro de 155.000 euros por mordidas en Sevilla

http://laotraandalucia.org/node/2017


La juez Mercedes Alaya atribuye el cobro de 155.000 euros a un asesor de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla como mordidas por la adjudicación de contratos a la empresa Fitonovo, empresa sevillana que untó a funcionarios y políticos de seis comunidades a cambio de la obtención fraudulenta de encargos públicos. Como desveló EL MUNDO de Andalucía en abril, el administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baro, confesó ante la juez Alaya haber entregado «70.000 euros en una caja de zapatos» en vísperas de las municipales de 2011 tras una petición de «cierta persona de Izquierda Unida». Alaya no sólo ha puesto ya nombre al supuesto receptor de ese dinero sino que además tendría pruebas que acreditarían el pago por parte de Fitonovo de otros 85.000 euros. Se trata de Antonio Miguel Ruiz Carmona, asesor del área de Infraestructuras para la Sostenibilidad cuando al frente de esa concejalía se encontraba Antonio Rodrigo Torrijos y hoy representante de IU en la Comisión de Mercados Ambulantes de Sevilla capital. La dirección de la coalición anunció ayer que lo aparta de esta responsabilidad «hasta que se aclaren» los hechos. Según ha podido conocer este periódico en fuentes del caso, Alaya desveló estos extremos durante la lectura de los nuevos cargos que imputa a José Antonio González Baro, su padre -Rafael González Palomo, fundador de la compañía y también imputado en la causa- y al administrador de la filial Fiverde, Ángel Manuel Macedo. Ruiz Carmona fue uno de los 32 detenidos ayer durante la macrorredada llevada a cabo a instancias de la juez Alaya por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 12 provincias (Sevilla, Huelva, Jaén, Córdoba, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Gran Canaria) de seis comunidades autónomas por el pago de mordidas a cambio de la obtención fraudulenta de contratos públicos. Los delitos que se imputan son contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. Fitonovo fue una de las empresas mimadas por el Ayuntamiento de Sevilla durante la etapa del gobierno de coalición PSOE-IU (2003-2011). Así, el Consistorio de Sevilla le adjudicó la conversión de 11 campos de fútbol de albero a césped artificial y cuatro contratos para podas de arbolado en cuatro distritos de la ciudad con cargo al Plan 8.000 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El montante de estos encargos ascendió a 8.172.788,62 euros. En su declaración ante Alaya, González Baro admitió que, «una vez concluidos e inaugurados» los campos de césped artificial, «Izquierda Unida le pidió , estando próximas las elecciones, una colaboración económica y accedió». Le entregó «70.000 euros en una caja de zapatos», cantidad que decidió él mismo: «No le dijeron ni un número; accedió a la primera petición». El supuesto receptor de las mordidas exigidas por IU se encuentra detenido en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial, lo que tendrá lugar previsiblemente mañana. La Operación Enredadera La macro-redada de ayer se denomina Operación Enredadera y es la continuación de la investigación iniciada en 2009 en relación a las relaciones societarias entre las empresas que pujaron en concurso público por un derecho de opción de compra sobre terrernos de Mercasevilla, lo que puso de manifiesto el incremento patrimonial no justificado del ex director del Área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño. Las pesquisas revelaron que Castaño recibió «múltiples dádivas» -como vehículos de alta gama y dinero- de la empresa sevillana Fitonovo. Tras analizar la documentación incautada durante el registro llevado a cabo en la sede de Fitonovo a mediados del pasado mes de diciembre, los investigadores descubrieron que la empresa creó «una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares» y utilizó «la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación». La Guardia Civil también ha constatado que Fitonovo habilitó «una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos». El administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baro, confesó ante la juez Alaya cuando declaró como imputado el pasado 18 de diciembre haber repartido entre 2003 y 2012 al menos 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos, de los que la mitad fueron a parar presuntamente al bolsillo de Francisco Amores. Éste era jefe de servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y ya estuvo tres meses en prisión provisional por estos hechos. La Guardia Civil ha detenido también en el marco de la operación Enredadera a representantes de otras dos formaciones políticas. En la localidad jiennense de La Carolina, agentes de la UCO arrestaron a Cristóbal Pérez Martínez, concejal de Participación Ciudadana, Deportes, Festejos, Turismo, Limpieza y Relaciones Institucionales. Fitonovo ha realizado al menos tres trabajos para el Consistorio de La Carolina, donde gobierna el PP desde que en octubre de 2009 prosperara una moción de censura que desalojó al PSOE de la Alcaldía. El trabajo de mayor importe fue la obra de reforma del estadio municipal de fútbol de La Carolina, adjudicado por 747.250,54 euros a una UTE participada al 80% por la empresa eje de la trama corrupta. Según González Baro, el Consistorio carolinense reclamó «a través del comercial» de Fitonovo una «colaboración económica» que el imputado cifró entre «15.000 o 20.000 euros». El empresario no supo precisar la identidad del receptor. El jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén, Miguel Ángel Cruz Garrido, y un técnico del Ministerio de Fomento fueron los otros dos detenidos en Jaén. En Gran Canaria, uno de los dos detenidos fue el ex consejero de Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria en la institución insular, Sergio Machín. El segundo arrestado es el delegado de Fitonovo en las islas. El operativo desplegado por la Guardia Civil durante la jornada de ayer también incluye la detención y registro del despacho de Carlos Manuel Podio, jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla hasta que ayer fue destituido de forma fulminante por su presunta implicación en la trama corrupta. El administrador único de Fitonovo ya declaró a la juez Alaya que Podio -reincorporado «hace unos días» a su puesto tras permanecer casi un año de baja por enfermedad- cobraba «de 10.000 a 12.000 euros» que Fitonovo le abonaba «por campaña». No obstante, el empresario matizó que creía que su empresa no le pagaba al funcionario, que «era una persona de alta esfera», sino que lo hacían las empresas Martín Casillas o Maygar, que eran las que subcontrataban a Fitonovo y que después le descontaban las mordidas del precio de la subcontrata. También fue arrestado en Sevilla Elías Oliver, funcionario de carrera de la Diputación de Sevilla ya jubilado y antiguo jefe de servicio. Dos de las 32 detenciones se practicaron en Zaragoza. Una de ellas fue la de José A. G. P., gerente de mantenimiento de la empresa estatal Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en esta provincia. González Baro confesó a la magistrada que, en cierta ocasión, el comercial de Fitonovo pidió 300 o 500 euros sin justificar y, según le dijo, era para «Viagra» para el ahora imputado. También fue arrestado en la capital zaragozana un trabajador jubilado de la misma empresa cuya identidad se corresponde con las iniciales M.A.M.T. No fueron los únicos trabajadores de Adif detenidos en la operación Enredadera, ya que la UCO también arrestó al gerente y a un técnico de Adif en Córdoba. Tres empresarios también fueron detenidos en esta provincia. En Huelva se produjeron otros tres arrestros: uno de ellos adscrito a la Delegación de la Junta y dos técnicos del Ministerio de Fomento. Con información de Ignacio Díaz Pérez (Sevilla), Mª Amelia Brenes (Jaén), Toñi Caravaca (Córdoba) y María Carmona (Huelva). (Fuente: El Mundo)