No sería lo mismo de estar ante un proceso soberanista en Eukal Herria; o de ser el pueblo Gallego o cualquier otro de los pueblos que conforman este estado el que estuviera inmerso en un proceso sin aparente retorno camino a su independencia. Pero se trata de Cataluña, y nadie puede negar los lazos que unen a Cataluña y Andalucía durante décadas, relaciones que levantaron pasiones tanto a favor como en contra a ambos lados; de amor y de odio. Desde las cartas que Blas Infante escribiera en solidaridad a presos políticos catalanes, hasta el hecho migratorio andaluz. Y sin lugar a dudas fue este último hecho, la migración en masa del pueblo andaluz a Cataluña el que más unió a ambos pueblos. Se dice que los primeros movimientos migratorios hacía Cataluña empezaron ya en los años 20 y 40 del siglo pasado y perduró hasta últimos de los 80, siendo las década de los 60 y 70 las de mayor actividad; se calcula que durante los años sesenta cerca de un millón de andaluces y andaluzas, familias enteras, víctimas del éxodo económico forzoso emigraron a Cataluña huyendo de la miseria y la falta de futuro a la que siempre condenaron a nuestro pueblo buscando el pan y el trabajo que se les negaba en su tierra. Durante los años 90, debido a la coyuntura capitalista de altibajos económicos y sobretodo a la especulación urbanística, el pueblo trabajador andaluz encontró alivio temporal en las cifras de desempleo por un tiempo, esto permitió que la emigración se estancara temporalmente y que incluso muchos andaluces y andaluzas pudiéramos volver a nuestra tierra, pero la mayoría se quedaron allí. La crisis capitalista actual, otra de tantas, vuelve a condenar a Andalucía con cifras desesperadas de desempleo y falta de futuro amenazando con un nuevo éxodo forzoso de la población más joven de Andalucía, teniendo de nuevo a Cataluña como uno de sus principales destinos.
Los lazos de unión son evidentes, son centenares las casas culturales y asociaciones andaluzas de todo tipo repartidas por la geografía catalana, en Andalucía la mayoría tenemos a un familiar o amigo que vive o ha vivido en Cataluña cuando no hemos sido víctimas directas de la emigración forzosa. Este hecho establece una serie de lazos culturales y sociales entre ambos pueblos que irremediablemente hacen que el pueblo andaluz tanto en la diáspora como en su tierra de origen establezca unos sentimientos particulares, encontrados, de rechazo o de apoyo hacia el proceso soberanista que se desarrolla en Cataluña y a la vez es manipulado para defensa de todo tipo de intereses políticos, por desgracia siempre ajenos a los suyos tanto como pueblo
Colectivo Pueblo Andaluz, trabajamos y compartimos diferentes intereses comunes. El colectivo Pueblo Andaluz es anticapitalista, nacionalista andaluz, , asambleario, republicano e internacionalista.
viernes, 14 de noviembre de 2014
jueves, 13 de noviembre de 2014
La juez Alaya atribuye a IU el cobro de 155.000 euros por mordidas en Sevilla
http://laotraandalucia.org/node/2017
La juez Mercedes Alaya atribuye el cobro de 155.000 euros a un asesor de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla como mordidas por la adjudicación de contratos a la empresa Fitonovo, empresa sevillana que untó a funcionarios y políticos de seis comunidades a cambio de la obtención fraudulenta de encargos públicos. Como desveló EL MUNDO de Andalucía en abril, el administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baro, confesó ante la juez Alaya haber entregado «70.000 euros en una caja de zapatos» en vísperas de las municipales de 2011 tras una petición de «cierta persona de Izquierda Unida». Alaya no sólo ha puesto ya nombre al supuesto receptor de ese dinero sino que además tendría pruebas que acreditarían el pago por parte de Fitonovo de otros 85.000 euros. Se trata de Antonio Miguel Ruiz Carmona, asesor del área de Infraestructuras para la Sostenibilidad cuando al frente de esa concejalía se encontraba Antonio Rodrigo Torrijos y hoy representante de IU en la Comisión de Mercados Ambulantes de Sevilla capital. La dirección de la coalición anunció ayer que lo aparta de esta responsabilidad «hasta que se aclaren» los hechos. Según ha podido conocer este periódico en fuentes del caso, Alaya desveló estos extremos durante la lectura de los nuevos cargos que imputa a José Antonio González Baro, su padre -Rafael González Palomo, fundador de la compañía y también imputado en la causa- y al administrador de la filial Fiverde, Ángel Manuel Macedo. Ruiz Carmona fue uno de los 32 detenidos ayer durante la macrorredada llevada a cabo a instancias de la juez Alaya por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 12 provincias (Sevilla, Huelva, Jaén, Córdoba, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Gran Canaria) de seis comunidades autónomas por el pago de mordidas a cambio de la obtención fraudulenta de contratos públicos. Los delitos que se imputan son contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. Fitonovo fue una de las empresas mimadas por el Ayuntamiento de Sevilla durante la etapa del gobierno de coalición PSOE-IU (2003-2011). Así, el Consistorio de Sevilla le adjudicó la conversión de 11 campos de fútbol de albero a césped artificial y cuatro contratos para podas de arbolado en cuatro distritos de la ciudad con cargo al Plan 8.000 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El montante de estos encargos ascendió a 8.172.788,62 euros. En su declaración ante Alaya, González Baro admitió que, «una vez concluidos e inaugurados» los campos de césped artificial, «Izquierda Unida le pidió , estando próximas las elecciones, una colaboración económica y accedió». Le entregó «70.000 euros en una caja de zapatos», cantidad que decidió él mismo: «No le dijeron ni un número; accedió a la primera petición». El supuesto receptor de las mordidas exigidas por IU se encuentra detenido en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial, lo que tendrá lugar previsiblemente mañana. La Operación Enredadera La macro-redada de ayer se denomina Operación Enredadera y es la continuación de la investigación iniciada en 2009 en relación a las relaciones societarias entre las empresas que pujaron en concurso público por un derecho de opción de compra sobre terrernos de Mercasevilla, lo que puso de manifiesto el incremento patrimonial no justificado del ex director del Área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño. Las pesquisas revelaron que Castaño recibió «múltiples dádivas» -como vehículos de alta gama y dinero- de la empresa sevillana Fitonovo. Tras analizar la documentación incautada durante el registro llevado a cabo en la sede de Fitonovo a mediados del pasado mes de diciembre, los investigadores descubrieron que la empresa creó «una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares» y utilizó «la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación». La Guardia Civil también ha constatado que Fitonovo habilitó «una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos». El administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baro, confesó ante la juez Alaya cuando declaró como imputado el pasado 18 de diciembre haber repartido entre 2003 y 2012 al menos 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos, de los que la mitad fueron a parar presuntamente al bolsillo de Francisco Amores. Éste era jefe de servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y ya estuvo tres meses en prisión provisional por estos hechos. La Guardia Civil ha detenido también en el marco de la operación Enredadera a representantes de otras dos formaciones políticas. En la localidad jiennense de La Carolina, agentes de la UCO arrestaron a Cristóbal Pérez Martínez, concejal de Participación Ciudadana, Deportes, Festejos, Turismo, Limpieza y Relaciones Institucionales. Fitonovo ha realizado al menos tres trabajos para el Consistorio de La Carolina, donde gobierna el PP desde que en octubre de 2009 prosperara una moción de censura que desalojó al PSOE de la Alcaldía. El trabajo de mayor importe fue la obra de reforma del estadio municipal de fútbol de La Carolina, adjudicado por 747.250,54 euros a una UTE participada al 80% por la empresa eje de la trama corrupta. Según González Baro, el Consistorio carolinense reclamó «a través del comercial» de Fitonovo una «colaboración económica» que el imputado cifró entre «15.000 o 20.000 euros». El empresario no supo precisar la identidad del receptor. El jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén, Miguel Ángel Cruz Garrido, y un técnico del Ministerio de Fomento fueron los otros dos detenidos en Jaén. En Gran Canaria, uno de los dos detenidos fue el ex consejero de Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria en la institución insular, Sergio Machín. El segundo arrestado es el delegado de Fitonovo en las islas. El operativo desplegado por la Guardia Civil durante la jornada de ayer también incluye la detención y registro del despacho de Carlos Manuel Podio, jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla hasta que ayer fue destituido de forma fulminante por su presunta implicación en la trama corrupta. El administrador único de Fitonovo ya declaró a la juez Alaya que Podio -reincorporado «hace unos días» a su puesto tras permanecer casi un año de baja por enfermedad- cobraba «de 10.000 a 12.000 euros» que Fitonovo le abonaba «por campaña». No obstante, el empresario matizó que creía que su empresa no le pagaba al funcionario, que «era una persona de alta esfera», sino que lo hacían las empresas Martín Casillas o Maygar, que eran las que subcontrataban a Fitonovo y que después le descontaban las mordidas del precio de la subcontrata. También fue arrestado en Sevilla Elías Oliver, funcionario de carrera de la Diputación de Sevilla ya jubilado y antiguo jefe de servicio. Dos de las 32 detenciones se practicaron en Zaragoza. Una de ellas fue la de José A. G. P., gerente de mantenimiento de la empresa estatal Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en esta provincia. González Baro confesó a la magistrada que, en cierta ocasión, el comercial de Fitonovo pidió 300 o 500 euros sin justificar y, según le dijo, era para «Viagra» para el ahora imputado. También fue arrestado en la capital zaragozana un trabajador jubilado de la misma empresa cuya identidad se corresponde con las iniciales M.A.M.T. No fueron los únicos trabajadores de Adif detenidos en la operación Enredadera, ya que la UCO también arrestó al gerente y a un técnico de Adif en Córdoba. Tres empresarios también fueron detenidos en esta provincia. En Huelva se produjeron otros tres arrestros: uno de ellos adscrito a la Delegación de la Junta y dos técnicos del Ministerio de Fomento. Con información de Ignacio Díaz Pérez (Sevilla), Mª Amelia Brenes (Jaén), Toñi Caravaca (Córdoba) y María Carmona (Huelva). (Fuente: El Mundo)
La juez Mercedes Alaya atribuye el cobro de 155.000 euros a un asesor de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla como mordidas por la adjudicación de contratos a la empresa Fitonovo, empresa sevillana que untó a funcionarios y políticos de seis comunidades a cambio de la obtención fraudulenta de encargos públicos. Como desveló EL MUNDO de Andalucía en abril, el administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baro, confesó ante la juez Alaya haber entregado «70.000 euros en una caja de zapatos» en vísperas de las municipales de 2011 tras una petición de «cierta persona de Izquierda Unida». Alaya no sólo ha puesto ya nombre al supuesto receptor de ese dinero sino que además tendría pruebas que acreditarían el pago por parte de Fitonovo de otros 85.000 euros. Se trata de Antonio Miguel Ruiz Carmona, asesor del área de Infraestructuras para la Sostenibilidad cuando al frente de esa concejalía se encontraba Antonio Rodrigo Torrijos y hoy representante de IU en la Comisión de Mercados Ambulantes de Sevilla capital. La dirección de la coalición anunció ayer que lo aparta de esta responsabilidad «hasta que se aclaren» los hechos. Según ha podido conocer este periódico en fuentes del caso, Alaya desveló estos extremos durante la lectura de los nuevos cargos que imputa a José Antonio González Baro, su padre -Rafael González Palomo, fundador de la compañía y también imputado en la causa- y al administrador de la filial Fiverde, Ángel Manuel Macedo. Ruiz Carmona fue uno de los 32 detenidos ayer durante la macrorredada llevada a cabo a instancias de la juez Alaya por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 12 provincias (Sevilla, Huelva, Jaén, Córdoba, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Gran Canaria) de seis comunidades autónomas por el pago de mordidas a cambio de la obtención fraudulenta de contratos públicos. Los delitos que se imputan son contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. Fitonovo fue una de las empresas mimadas por el Ayuntamiento de Sevilla durante la etapa del gobierno de coalición PSOE-IU (2003-2011). Así, el Consistorio de Sevilla le adjudicó la conversión de 11 campos de fútbol de albero a césped artificial y cuatro contratos para podas de arbolado en cuatro distritos de la ciudad con cargo al Plan 8.000 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El montante de estos encargos ascendió a 8.172.788,62 euros. En su declaración ante Alaya, González Baro admitió que, «una vez concluidos e inaugurados» los campos de césped artificial, «Izquierda Unida le pidió , estando próximas las elecciones, una colaboración económica y accedió». Le entregó «70.000 euros en una caja de zapatos», cantidad que decidió él mismo: «No le dijeron ni un número; accedió a la primera petición». El supuesto receptor de las mordidas exigidas por IU se encuentra detenido en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial, lo que tendrá lugar previsiblemente mañana. La Operación Enredadera La macro-redada de ayer se denomina Operación Enredadera y es la continuación de la investigación iniciada en 2009 en relación a las relaciones societarias entre las empresas que pujaron en concurso público por un derecho de opción de compra sobre terrernos de Mercasevilla, lo que puso de manifiesto el incremento patrimonial no justificado del ex director del Área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño. Las pesquisas revelaron que Castaño recibió «múltiples dádivas» -como vehículos de alta gama y dinero- de la empresa sevillana Fitonovo. Tras analizar la documentación incautada durante el registro llevado a cabo en la sede de Fitonovo a mediados del pasado mes de diciembre, los investigadores descubrieron que la empresa creó «una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares» y utilizó «la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación». La Guardia Civil también ha constatado que Fitonovo habilitó «una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos». El administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baro, confesó ante la juez Alaya cuando declaró como imputado el pasado 18 de diciembre haber repartido entre 2003 y 2012 al menos 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos, de los que la mitad fueron a parar presuntamente al bolsillo de Francisco Amores. Éste era jefe de servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y ya estuvo tres meses en prisión provisional por estos hechos. La Guardia Civil ha detenido también en el marco de la operación Enredadera a representantes de otras dos formaciones políticas. En la localidad jiennense de La Carolina, agentes de la UCO arrestaron a Cristóbal Pérez Martínez, concejal de Participación Ciudadana, Deportes, Festejos, Turismo, Limpieza y Relaciones Institucionales. Fitonovo ha realizado al menos tres trabajos para el Consistorio de La Carolina, donde gobierna el PP desde que en octubre de 2009 prosperara una moción de censura que desalojó al PSOE de la Alcaldía. El trabajo de mayor importe fue la obra de reforma del estadio municipal de fútbol de La Carolina, adjudicado por 747.250,54 euros a una UTE participada al 80% por la empresa eje de la trama corrupta. Según González Baro, el Consistorio carolinense reclamó «a través del comercial» de Fitonovo una «colaboración económica» que el imputado cifró entre «15.000 o 20.000 euros». El empresario no supo precisar la identidad del receptor. El jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén, Miguel Ángel Cruz Garrido, y un técnico del Ministerio de Fomento fueron los otros dos detenidos en Jaén. En Gran Canaria, uno de los dos detenidos fue el ex consejero de Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria en la institución insular, Sergio Machín. El segundo arrestado es el delegado de Fitonovo en las islas. El operativo desplegado por la Guardia Civil durante la jornada de ayer también incluye la detención y registro del despacho de Carlos Manuel Podio, jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla hasta que ayer fue destituido de forma fulminante por su presunta implicación en la trama corrupta. El administrador único de Fitonovo ya declaró a la juez Alaya que Podio -reincorporado «hace unos días» a su puesto tras permanecer casi un año de baja por enfermedad- cobraba «de 10.000 a 12.000 euros» que Fitonovo le abonaba «por campaña». No obstante, el empresario matizó que creía que su empresa no le pagaba al funcionario, que «era una persona de alta esfera», sino que lo hacían las empresas Martín Casillas o Maygar, que eran las que subcontrataban a Fitonovo y que después le descontaban las mordidas del precio de la subcontrata. También fue arrestado en Sevilla Elías Oliver, funcionario de carrera de la Diputación de Sevilla ya jubilado y antiguo jefe de servicio. Dos de las 32 detenciones se practicaron en Zaragoza. Una de ellas fue la de José A. G. P., gerente de mantenimiento de la empresa estatal Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en esta provincia. González Baro confesó a la magistrada que, en cierta ocasión, el comercial de Fitonovo pidió 300 o 500 euros sin justificar y, según le dijo, era para «Viagra» para el ahora imputado. También fue arrestado en la capital zaragozana un trabajador jubilado de la misma empresa cuya identidad se corresponde con las iniciales M.A.M.T. No fueron los únicos trabajadores de Adif detenidos en la operación Enredadera, ya que la UCO también arrestó al gerente y a un técnico de Adif en Córdoba. Tres empresarios también fueron detenidos en esta provincia. En Huelva se produjeron otros tres arrestros: uno de ellos adscrito a la Delegación de la Junta y dos técnicos del Ministerio de Fomento. Con información de Ignacio Díaz Pérez (Sevilla), Mª Amelia Brenes (Jaén), Toñi Caravaca (Córdoba) y María Carmona (Huelva). (Fuente: El Mundo)
lunes, 3 de noviembre de 2014
El Sindicato de Obreros del Campo puso a un pescador de CCOO al frente de la finca agrícola ocupada de Simón Sabio
Según militantes sancionados por la dirección nacional “se han realizado precontratos a cambio de trabajar sin cobrar remuneración”
El Sindicato de Obreros del Campo y Sindicato Andaluz de Trabajadores (SOC-SAT) no encontró a nadie mejor que un pescador que además era de Comisiones Obreras, para poner al frente de la finca del empresario huído Simón Sabio y que desde entonces fue ocupada en la comarca del Poniente de Almería.
Francisco Jiménez, que ha sido Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Adra y militante de Comisiones Obreras, fue puesto desde verano de 2013 como responsable de la finca, una decisión cuestionada por una parte de la dirección del propio SAT-SOC, al considerarle una “persona ajena” tanto a la explotación agraria ocupada como al propio sindicato.
En la actualidad, tras preguntar Noticias de Almería por esta persona en el SAT, la respuesta ha sido que se desconoce su paradero, que está desvinculado de la ocupación y de la organización. Al insistir sobre si no era un contrasentido recurrir a un pescador, que además era de otro sindicato, para dirigir una explotación agraria siendo un sindicato de “obreros del campo”, la contestación fue “la gente cambia de sector”.
Durante el periodo en el que la finca está bajo la responsabilidad de Francisco Jiménez ha sido denunciado por algunos miembros del sindicato que se ha desviado el agua destinada al consumo de las familias para el riego de la tierra.
Más grave es que según han hecho público miembros del SAT sancionados por la dirección nacional que lidera Diego Cañamero y contra quien han interpuesto una querella criminal, han recibido testimonio de trabajadores de que “se han realizado precontratos a cambio de trabajar sin cobrar remuneración”, incluso que “se ha recibido sobornos en forma de alimentos, juguetes, etc, sólo para los trabajadores que son afines al impuesto responsable de la finca”.
Las tensiones generadas por todo esto culminaron con la orden de expulsión del trabajador Mourad promovida por Francisco Jiménez quien llamó a la Guardia Civil y el trabajador, “que sólo exigía su salario lo que consiguió fue la detención el día 25 de febrero de 2014 por parte de las fuerzas de seguridad, cursando su orden de expulsión al país de origen”. La intervención por parte de la dirección del SAT ahora sancionada, ante la Subdelegación de Gobierno evitó que el trabajador fuese deportado a Marruecos.
En la actualidad, como ya informó este medio, la ocupación no existe, y sólo hay un pequeño grupo de inmigrantes que residen en los cortijos de la finca. De las 30 hectáreas cultivadas por 130 personas ya no queda nada, ni labor, ni trabajadores.
http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/97777/ALMER%C3%8DA/sindicato-obreros-campo-puso-pescador-ccoo-frente-finca-agr%C3%ADcola-ocupada-sim%C3%B3n-sabio.html
viernes, 31 de octubre de 2014
Bases de Rota y Morón: preparando el terreno a los yankis desde la Junta
http://www.laotraandalucia.org/node/1965
La Junta de Andalucía vuelve a demostrar su carácter dependentista, su inexistencia como órgano soberano andaluz y su nula voluntad política de acabar con la ocupación y presencia de bases militares extranjeras: yanquis, inglesas y españolas.
Si la semana pasada el consejero de la Presidencia de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ya dejó claro que el Gobierno andaluz no tiene "ningún conflicto" con EEUU, en relación a los planes de EEUU sobre los soldados yankis en zonas con ébola, hoy ha acudido a media mañana a Madrid para una reunión con Pedro Morenés en el Ministerio de Defensa, para dejar claro no la voluntad de soberanía de un pueblo andaluz que ni quiere bases ni quiere verse involucrado en guerras imperialistas, sino para advertir de que “es el Gobierno de la Nación quien tiene que informar al Ejecutivo Andaluz de las peticiones de EEUU, del uso de las bases y de los protocolos, por lo que desde la Junta se confía en que el ministro dé una completa información sobre los acuerdos con EEUU”.
Esto, en alta política internacional, significa llorar por dejar de ser un convidado de piedra, algo que el Gobierno títere andaluz dependiente de Madrid, ha dejado claro y evidenciado en numerosas ocasiones. Una situación ridícula y esperpéntica que llevó a la propia Susana Díaz a criticar que “tuviera que enterarse por la prensa de lo sucedido”.
Durante la reunión, está previsto que el consejero de la Presidencia pregunte sobre el contenido de los acuerdos alcanzados por el Estado Español con Estados Unidos sobre la utilización de las bases americanas en Andalucía, sin que haya trascendido más información por ahora, dentro de la nueva estrategia imperialista de vigilancia y control de África que desarrolla EEUU en la zona bajo el pretexto de la lucha contra el ébola en África occidental.
La Otra Andaucía
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