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lunes, 3 de noviembre de 2014
El Sindicato de Obreros del Campo puso a un pescador de CCOO al frente de la finca agrícola ocupada de Simón Sabio
Según militantes sancionados por la dirección nacional “se han realizado precontratos a cambio de trabajar sin cobrar remuneración”
El Sindicato de Obreros del Campo y Sindicato Andaluz de Trabajadores (SOC-SAT) no encontró a nadie mejor que un pescador que además era de Comisiones Obreras, para poner al frente de la finca del empresario huído Simón Sabio y que desde entonces fue ocupada en la comarca del Poniente de Almería.
Francisco Jiménez, que ha sido Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Adra y militante de Comisiones Obreras, fue puesto desde verano de 2013 como responsable de la finca, una decisión cuestionada por una parte de la dirección del propio SAT-SOC, al considerarle una “persona ajena” tanto a la explotación agraria ocupada como al propio sindicato.
En la actualidad, tras preguntar Noticias de Almería por esta persona en el SAT, la respuesta ha sido que se desconoce su paradero, que está desvinculado de la ocupación y de la organización. Al insistir sobre si no era un contrasentido recurrir a un pescador, que además era de otro sindicato, para dirigir una explotación agraria siendo un sindicato de “obreros del campo”, la contestación fue “la gente cambia de sector”.
Durante el periodo en el que la finca está bajo la responsabilidad de Francisco Jiménez ha sido denunciado por algunos miembros del sindicato que se ha desviado el agua destinada al consumo de las familias para el riego de la tierra.
Más grave es que según han hecho público miembros del SAT sancionados por la dirección nacional que lidera Diego Cañamero y contra quien han interpuesto una querella criminal, han recibido testimonio de trabajadores de que “se han realizado precontratos a cambio de trabajar sin cobrar remuneración”, incluso que “se ha recibido sobornos en forma de alimentos, juguetes, etc, sólo para los trabajadores que son afines al impuesto responsable de la finca”.
Las tensiones generadas por todo esto culminaron con la orden de expulsión del trabajador Mourad promovida por Francisco Jiménez quien llamó a la Guardia Civil y el trabajador, “que sólo exigía su salario lo que consiguió fue la detención el día 25 de febrero de 2014 por parte de las fuerzas de seguridad, cursando su orden de expulsión al país de origen”. La intervención por parte de la dirección del SAT ahora sancionada, ante la Subdelegación de Gobierno evitó que el trabajador fuese deportado a Marruecos.
En la actualidad, como ya informó este medio, la ocupación no existe, y sólo hay un pequeño grupo de inmigrantes que residen en los cortijos de la finca. De las 30 hectáreas cultivadas por 130 personas ya no queda nada, ni labor, ni trabajadores.
http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/97777/ALMER%C3%8DA/sindicato-obreros-campo-puso-pescador-ccoo-frente-finca-agr%C3%ADcola-ocupada-sim%C3%B3n-sabio.html
viernes, 31 de octubre de 2014
Bases de Rota y Morón: preparando el terreno a los yankis desde la Junta
http://www.laotraandalucia.org/node/1965
La Junta de Andalucía vuelve a demostrar su carácter dependentista, su inexistencia como órgano soberano andaluz y su nula voluntad política de acabar con la ocupación y presencia de bases militares extranjeras: yanquis, inglesas y españolas.
Si la semana pasada el consejero de la Presidencia de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ya dejó claro que el Gobierno andaluz no tiene "ningún conflicto" con EEUU, en relación a los planes de EEUU sobre los soldados yankis en zonas con ébola, hoy ha acudido a media mañana a Madrid para una reunión con Pedro Morenés en el Ministerio de Defensa, para dejar claro no la voluntad de soberanía de un pueblo andaluz que ni quiere bases ni quiere verse involucrado en guerras imperialistas, sino para advertir de que “es el Gobierno de la Nación quien tiene que informar al Ejecutivo Andaluz de las peticiones de EEUU, del uso de las bases y de los protocolos, por lo que desde la Junta se confía en que el ministro dé una completa información sobre los acuerdos con EEUU”.
Esto, en alta política internacional, significa llorar por dejar de ser un convidado de piedra, algo que el Gobierno títere andaluz dependiente de Madrid, ha dejado claro y evidenciado en numerosas ocasiones. Una situación ridícula y esperpéntica que llevó a la propia Susana Díaz a criticar que “tuviera que enterarse por la prensa de lo sucedido”.
Durante la reunión, está previsto que el consejero de la Presidencia pregunte sobre el contenido de los acuerdos alcanzados por el Estado Español con Estados Unidos sobre la utilización de las bases americanas en Andalucía, sin que haya trascendido más información por ahora, dentro de la nueva estrategia imperialista de vigilancia y control de África que desarrolla EEUU en la zona bajo el pretexto de la lucha contra el ébola en África occidental.
La Otra Andaucía
jueves, 30 de octubre de 2014
La Junta eleva a 15,3 millones la cifra que reclama a UGT-A
La Junta de Andalucía ha elevado a 15,3 millones de euros la cantidad que solicita que devuelva UGT-A dentro de los procedimientos de revisión de las subvenciones al sindicato, iniciados y tramitados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por presuntas irregularidades y falta de justificación en dichas ayudas.
La Consejería ha iniciado otros 15 expedientes de reintegro de ayudas concedidas a UGT-A, de forma que reclama al sindicato que devuelva otros 10,4 millones de euros.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha explicado que ese dinero se suma a los otros 4,9 millones de euros ya reclamados merced a cinco expedientes con propuesta de resolución de reintegro en firme, de manera que la Junta reclama a la central sindical un total de 15,3 millones de euros en los expedientes de reintegros tramitados.
Ha precisado que los expedientes de ayudas analizados y por los que se ha abierto expediente de reintegro tienen "irregularidades administrativas de justificación y con cantidades que no estaban bien justificadas". "Hemos trabajado con todo el rigor del mundo, y lo haremos ante cualquier irregularidad", ha aseverado Maldonado.
En comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha explicado que los expedientes se han tramitado "con los plazos que establece la normativa y el cumplimiento del reglamento vigente", en tres ámbitos, en la Dirección de Relaciones Laborales, en la Dirección de Seguridad y Salud Laboral y en el Servicio Andaluz de Empleo.
En concreto, ha explicado que en la Dirección de Relaciones Laborales se han instruido siete procedimientos por los que se ha dictado resolución de reintegro por 3,9 millones de euros. En este caso se trata de subvenciones por el desarrollo de promoción de actividades del sindicato, por acuerdo de Concertación y negociación colectiva. Ha indicado que en ese área, UGT ha interpuesto recurso contencioso en el caso de dos resoluciones, con ayudas por valor de 1,8 millones de euros.
En el caso de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, se han abierto seis expedientes de reintegro por 2,9 millones de euros. En este caso las subvenciones se concedieron por la realización de actividades divulgativas y sensibilización en prevención de riesgos laborales.
En cuanto al SAE, donde las ayudas concedidas iban encaminadas al fomento de la contratación, se han unido dos expedientes de reintegro por 3,6 millones de euros. En ese área, según informa el consejero, el sindicato ha presentado recurso en tres resoluciones por 3,1 millones de euros.
En este área existe otro expediente que sigue dentro de plazo y falta unos días para que cumpla el plazo, aunque también se le va a pedir el reintegro de las ayudas, por 15.000 euros, cantidad incluida en el montante global de 15,3 millones.
El consejero ha precisado que a los distintos expedientes habrá que aplicarle dependiendo del momento temporal del reintegro final.
Maldonado ha precisado que estos expedientes se han abierto "con el único objetivo de ejercitar fielmente el control del uso de subvenciones". Asimismo, ha resaltado el "esfuerzo y dedicación" de los diferentes funcionarios en este proceso "por sacar adelante en tiempo y forma expedientes que muchas veces no son fáciles".
Sánchez Maldonado explicaba a principios de septiembre en el Parlamento que la Junta estaba analizando 21 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A, por valor de 25,5 millones de euros, de los que entonces cinco ya tenían propuesta de resolución de reintegro en firme, con la propuesta de resolución de reintegro ya firmada, con reintegros que sumaban entonces 4,9 millones de euros.
En la comparecencia de este jueves, el consejero ha rechazado que se haya abierto "causa general". "No hacemos causa general, sino particular y cumpliendo las normas del Derecho, a raíz de la alarma social detectada, e iniciado el procedimiento con los plazos que respetan los derechos de los administrados", ha aseverado el consejero quien ha indicado que en esta investigación administrativa "los servicios jurídicos nos han marcado en cada momento lo que había que hacer".
Sánchez Maldonado ha respetado la decisión de UGT-A de presentar recursos, puesto que "ellos tienen pleno derecho de ejercer su procedimiento y recurrir ante el contencioso administrativo".
"QUE NO VUELVA A OCURRIR"
El diputado del PP-A Rafael Carmona ha lamentado la "poca información detallada" ofrecida por el consejero, que "se ha limitado a decir el número de expedientes de reintegro".
Ha preguntado si "se han examinado todos los expedientes de UGT-A y si se han examinado sólo los del sindicato y en el resto no se ha examinado nada". Carmona, quien recuerda que "llevamos más de un año" con este proceso, además ha preguntado al consejero si han existido facturas falsas.
"Durante muchos años ha existido una relajación en los controles que nos han llevado a descubrir con el tiempo prácticas no adecuadas", ha lamentado Carmona, quien considera que "para que la sensación existente de que todo es corrupción no se produzca, lo importante es que se aclare y que haga quien la hace la paga".
Por su parte, el diputado del PSOE Carmelo Gómez, quien reconoce que le gustaría que las cosas fuesen más rápidas, pide que se establezcan "las medidas oportunas y necesarias para evitar casos como éste".
"Si se ha utilizado mal el dinero público, que se devuelva", ha añadido Gómez, quien cree que "hay que terminar este proceso y tomar nota para que lo que ha pasado no pase más en el futuro y no se vuelva a repetir". A su juicio, "así ganaremos en credibilidad y que la Consejería mantenga el objetivo fijo de que si se ha utilizado mal el dinero público, que se devuelva; que se devuelva el dinero y que tomemos nota".
Gómez, quien ha puesto en valor la decisión política de la Junta, cree que "se debe mantener la posición alejada de las presiones de unos y otros y ahora debe imperar la mesura, la tranquilidad y el sosiego, que los funcionarios puedan hacer su trabajo adecuadamente y se tomen las medidas necesarias"
El diputado de IU Ignacio García ha valorado los datos aportados por el consejero y ha preguntado si estas irregularidades se han producido porque hayas muchas exoneraciones, además de preguntar si esta situación puede afectar a la percepción de fondos europeos.
miércoles, 29 de octubre de 2014
Extracto de artículo de corresponsables obreros y populares.
Una asamblea reiterativa, falta de novedades y repitiendo lo encantado de conocernos que estamos. Propaganda, propaganda y propaganda vana, sin acciones y con cada vez menos apoyos y con la preocupación de que otras fuerzas políticas les resten fuerzas. o Sat o Ganemos o cut o iu, la cuestión es estar en todos sitios para no perder cota de poder para conformar parte de la casta que diríase.
Lo sorprendente de esta asamblea es más de lo mismo: no, no , no a las críticas.Hubo un caso Almería donde a inocentes se les torturaron y asesinaron lo que no me imaginaba es que el caso Almería como lo denominan en la asamblea esto es " El caso Almería ll", iba a suponer la denigración, estigmatización acosos e intento de derribo de honestos militantes activictas en todas las luchas. Pero es llamativo que los acosadores y maltratadores en este caso no son las fuerzas y cuerpos de represión del Estado sino, la dirección permanente nacional.
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